Venezuela es un país donde la represion policial esta a la orden del día. Aumenta en los barrios pobres. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la policía creada por el régimen de Maduro incrementa su lista de denuncias. Ya son centenares y todas por supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Michelle Bachelet en su intervención sobre el caso de Venezuela.
El terror policial se afinca en los barrios pobres
La FAES está en la mira por sus multiples denuncias. Los barrios pobres del país saben que al ellos llegar seguro habrán muertos. Según los defensores de los derechos humanos la FAES se toma la justicia por su mano. Centenares de denuncias por abusos y ajusticiamientos. El alerta esta dada, cualquiera que este mal parado, sea delincuente o inocente puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales.
La ciudadana Carmen Arroyo, de 52 años de edad, esta segura que este escuadrón tiene como fin mantener el control social. Nos narra que su único hijo, Cristián Charris, barbero de profesión, fue asesinado por este grupo. Sucedió en Petare, al este de Caracas, septiembre de 2018. «Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Mas de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto» contó. Nadie pudo reconocer a los oficiales, todos vestían de negro, con máscaras, tenían fusiles y carros sin placas.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, escuchó esta historia y otras similares cuando estuvo en Venezuela, en junio pasado. Nos cuenta Arroyo que habló con la señora Bachelet, y ella le dijo que el Fiscal General, Tarek William Saab, no tenía denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Bachelet indicó que la señora Arroyo y la señora Gamarra le mostraban otra realidad. La señora Gamarra también es madre de un joven asesinado por policías en el distrito capitalino de Las Adjuntas.
Testimonios no tomados en cuenta
La señora Gamarra nos cuenta que su hijo de 21 años fue arrestado por participar en la protestas antigubernamentales de 2017. Luego de liberado, no pudo trabajar más ni conseguir empleo, debido a los antecedentes penales que le levantaron. El 13 de mayo, oficiales del FAES entraron en su casa. Al preguntarle el nombre lo fotografiaron en la sala de la casa. Lo llevaron afuera y le dispararon en la calle. Los testigos dicen: «le pusieron el arma, una gorra y dijeron que se trató de un enfrentamiento».
Según el Ministerio Público han fallecido por «resistencia a la autoridad» un total de 6.856 personas. Solamente entre los meses de enero 2018 y mayo de 2019. Por supuesto, La ONU considera el número demasiado alto y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Aconseja en su análisis disolver al grupo denominado FAES.
Mientras tanto, el presidente ignora el informe realizado por la enviada de la ONU. Y grita a «vox populi» el apoyo incondicional al grupo armado. Al contrario, en un acto de graduación de oficiales indicó que aprobó nueve millones de euros para reforzar al cuerpo policial.
Nadie quiere represalias
Carmen Arroyo se encargó de recopilar testimonios de lo ocurrido a su hijo. Todos de forma anónima. Ninguno quiere represalias ni más ejecuciones sin sentido. Los que vieron los hechos coinciden en que manipularon la escena del crimen para proteger a los policías. El caso esta parado en Tribunales , no hay detenidos y no han querido entregarle una copia del expediente. La señora Arroyo piensa que la justicia no llegará si continua este Gobierno. Necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares, según la señora. Mucha gente es valiente y está denunciando aunque el presidente ratifique a sus asesinos.
La represión ha ido aumentando a medida que descendió el gusto por el chavismo. La Operación de Liberación del Pueblo, un programa creado en julio de 2015, reunió un número infinito de denuncias por presuntas ejecucuiones extrajudiciales. Los organismos internacionales rechazan la actuación del grupo. Son más de 40 masacres y cientos de crímenes. Las criticas y denuncias obligaron a Maduro a cambiarle el nombre por Operación de Liberación Humanista del Pueblo hasta ir desapareciendo su acción.
FAES organismo del gobierno
Mientras tanto, FAES sigue posicionado como el represor del pueblo. Muchos dicen que son escuadrones de la muerte del gobierno. El exoficial W.C, que desertó de esas fuerzas, culpa a grupos progubernamentales del ensañamiento. La infiltración de colectivos en el comando, obedecen a directrices dadas por el gobierno. y defiende al grupo policial. El actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, es señalado como ex líder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas. Según, esta implicado en homicidios desde 2000.
COFAVIC, una ONG defensora de los derechos humanos, tiene conocimiento de 9.500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales. Todos los caso son entre 2012 y 2018. El incrementó se nota entre el 2017 y el año pasado. En su mayoría las víctimas no pasan de 25 años, por lo que se observa una línea sistemática de impunidad institucional, explica Liliana Ortega, directora de la organización.
La crisis de los derechos humanos tiene al país en el fondo. Solo Maduro no acepta el desmoronamiento de la justicia venezolana. La defensora detalla las trabas que impiden que la justicia se evidencie. Investigaciones precarias, defensas débiles, entre otras carencias que debilitan el proceso judicial. En consecuencia, los crimenes se multiplican en Venezuela junto a la impunidad.
