Fuerte controversia entre Gobierno y oposición por el informe final sobre la muerte del capitán
La fuerte controversia entre Gobierno y oposición indica la falta de coherencia del informe presentado. Aunque todo acusa al gobierno de Maduro, tortura, acomodo de pruebas, control de información. El informe final no encontró indicios de torturas en el cuerpo del capitán. La Asamblea Nacional exige aplicar protocolos internacionales.
Fuertes controversias se suscitan ante el informe final forense.
El informe final forense origina fuertes controversias entre el gobierno y la oposición
La discusión por la autopsia del capitán de corbeta de la Armada Rafael Acosta Arévalo está encendida. El capitán muerto bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) esta una prueba más de lo que está sucediendo en Venezuela. Se crea una gran discusión entre el régimen de Nicolás Maduro contra los opositores y activistas de varios países. El examen forense fue realizado por personal adscrito al Ministerio Público. Tras el hermetismo presentado nadie que no fuera del gobierno pudo estar presente. Sin embargo, Zair Mundaray, ex fiscal exiliado pudo emitir un informe y comunicarlo en forma filtrada en donde expone que el cuerpo del capitán presentaba costillas fracturadas, tabique nasal roto, excoriaciones, hematomas en los muslos y quemaduras en los pies.
El cuerpo del capitán Acosta fuertemente custodiado
El cuerpo del capitán se encontraba hasta el miércoles en la Morgue principal de Caracas, en Bello Monte. Custodiado severamente por personal chavista. No obstante, la viuda del capitán, Waleska Pérez, exige que a su marido le haga la autopsia expertos independientes para aclarar las dudas y evitar distorsiones en el informe final forense. A esta petición, el eco repercutió por la opositora Asamblea Nacional, decenas de Gobiernos extranjeros y por Michelle Bachelet, que piden en forma escrita que la investigación se realice de la manera más clara e imparcial posible. Por supuesto, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aclaró enfáticamente, que las averiguaciones serán realizadas por el gobierno nacional. Así mismo declaró en rueda de prensa: “Aquí hay organismos de seguridad que están investigando. Venezuela no es un país tutelado”.
Le realizaron una «desaparicion forzada» según la esposa del capitán
A partir del arresto del capitán, el 21 de junio, supuestamente por conspiración para derrocar y asesinar a Maduro; nunca le fueron imputados los cargos de sedición y traición a la patria. Paradójicamente, faltaban pocas horas para que concluyera la visita de tres días de Bachelet a Venezuela. Los informes y comunicados de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa no evidencias las causas de su aprehensión. En cambio, aumentaron por día, las denuncias por injusticias y arbitrariedades, luego de su detención. La viuda habla de desaparición forzada. Solo el viernes, cuando su presentación a la audiencia, lo volvió a ver. El capitán llegó en silla de ruedas, golpeado y confundido. Las altas autoridades lo enviaron de inmediato al hospital. Fue allí, en el complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas, que falleció el pasado sábado.
La viuda del capitán, afirma en una entrevista a un canal venezolano en Estados Unidos: “Les quiero decir que murió como un héroe, no como un asesino, ni como un corrupto, ni como un narcotraficante. Murió queriendo a su país, apegado a la Constitución. Les quiero decir que vean este ejemplo, se tienen que unir y darle la libertad a Venezuela. Mire todo lo que está pasando, me lo mataron, mis hijos quedaron huérfanos”.
La tortura reaparece en Venezuela
De esta forma, la muerte y los hechos arbitrarios traen de vuelta la tortura a Venezuela. Se refleja otro escándalo que se suma al extraño fallecimiento del concejal Fernando Albán. Otro venezolano detenido por supuesta traición a la patria que, según versión oficial, se suicidó. De la forma más irregular cayó desde un décimo piso de la sede de la policía política en Caracas.
El abogado de Acosta, Alonso Medina Roa, denuncia expresamente al régimen por querer aminorar su culpabilidad, al solo tratar de culpar a los dos guardias. Al inculpar a Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, los guardias encargados del capitán, solo de “Homicidio preterintencional” se escudan las fuerzas del gobierno. “No hay duda de que fue torturado, pretenden ignorar todo el tema de la legislación de tortura, el delito de tortura genera una responsabilidad individual y del Estado” aclaró el abogado en una entrevista de radio.
Por lo tanto, la Asamblea nacional ha solicitado la participación de los protocolos internacionales para asegurar una investigación transparente. De la misma manera, la diputada Delsa Solórzano aseguro la investigación desde el Parlamento de la República. El presidente interino encargado de Venezuela, jefe del Legislativo, Juan Guaidó dijo: “Rafael Acosta Arévalo estaba brutalmente torturado. Tenía signos visibles de tortura, y el resto de los detenidos también han sido torturados (…) No podemos ser indiferentes ante esta situación y les enviamos nuestras condolencias a los miembros de la Fuerza Armada Nacional que se sientan afectados”. Así mismo llamó “Dictadura asesina” al proceder del régimen.
Movilizacion de protesta para el viernes
De esta manera, llamó a una movilización por la muerte del capitán para este viernes, en Caracas. Es así como ese mismo día será entregado el informe sobre derechos humanos por Bachelet en Venezuela. La Alta Comisionada de la ONU se mostró “conmocionada” ante el acto criminal en la figura del capitán Acosta. Siguiendo con el tema, de 630 presos políticos existentes en el país, 109 son militares, asegurado por la ONG Foro Penal. Existen muchas denuncias sobre torturas en las celdas. La esposa del teniente coronel Ruperto Molina, Keila Flores, afirmó: “Mi esposo Ruperto Molina ha sufrido torturas. Los militares no tienen órdenes de aprehensión, son víctimas de las peores torturas: asfixia mecánica, descargas eléctricas, golpes, cortes en los pies”. Así lo anunció en una sesión del Congreso, el pasado martes.
